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Artículo

El papel de la salud en el maltrato infantil

Claves del abordaje en salud
Marta Simo Nebot

Marta Simó Nebot

Pediatra y coordinadora del Equipo de Soporte al Tratamiento de la Infancia Maltratada (ESTIM)
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Niño en un hospital

Resumen

El maltrato infantil es un grave problema de salud pública que afecta el desarrollo cerebral y cognitivo del niño, pudiendo causar consecuencias físicas y psicológicas a largo plazo, incluyendo enfermedades crónicas y adicciones. Los profesionales de la salud juegan un rol esencial en la promoción del buen trato, prevención, detección e intervención frente al maltrato, aplicando tratamientos médicos y psicológicos y trabajando en red con otros sectores para garantizar la protección infantil. La detección precoz de indicadores de violencia es crucial para la intervención temprana, mientras que es obligación legal y ética reportar cualquier sospecha de violencia a las autoridades competentes.
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Cuando un niño sufre violencia, sea del tipo que sea, las consecuencias van mucho más allá de las lesiones físicas inmediatas. Esta violencia puede afectar profundamente al desarrollo cerebral y cognitivo, provocando dificultades de aprendizaje, problemas de conducta y alteraciones en las relaciones sociales. A largo plazo, las personas que han sido víctimas de maltrato infantil tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas, desarrollar adicciones y vivir situaciones de exclusión social.

Estudios en todo el mundo estiman que un 20% de los niños y niñas sufre algún tipo de violencia sexual y un 30% algún tipo de violencia física durante su infancia (Felitti et al, 1998).

Por todo ello, el maltrato infantil no sólo es un problema social: es un grave problema de salud pública que requiere una atención por parte de los agentes de salud.

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El papel de los equipos de salud

Los profesionales sanitarios tenemos un papel fundamental en la lucha contra la violencia hacia la infancia. Desde cualquier nivel asistencial podemos intervenir en distintos ámbitos:

  • Promoción del buen trato y prevención de violencia.
  • Detección precoz de indicadores de maltrato.
  • Evaluación clínica y valoración de las necesidades terapéuticas.
  • Aplicación de tratamientos médicos y psicológicos.

Promoción del buen trato y prevención

Los profesionales de la salud ocupamos una posición privilegiada por promover el buen trato y prevenir la violencia desde las primeras etapas de la vida. Es esencial fomentar un vínculo seguro entre los progenitores y sus hijos e hijas, especialmente en las primeras semanas de vida. Cuando se detectan dificultades en la vinculación, es necesario intervenir para resolverlas, ya que sabemos que las familias que tienen vínculos seguros es menos probable que ejerzan la violencia.

También es importante proporcionar información clara a las familias sobre cómo actuar ante situaciones habituales, como el llanto inconsolable de los bebés. Saber que este llanto es habitual y que va a ceder en unas semanas favorece el afrontamiento. Por el contrario, la falta de conocimiento de cómo gestionar la situación puede llevar a reacciones impulsivas, como el sacudido del bebé, que puede provocar lesiones graves.

Niña en actitud melancólica

Hacia una infancia libre de violencia

Para prevenir estas situaciones, las familias pueden consultar materiales con consejos elaborados desde el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Otra labor preventiva clave es explicar a las familias los comportamientos típicos de cada etapa evolutiva. Conocer lo esperable puede ayudar a gestionar mejor las dificultades de la crianza y reducir el riesgo de respuestas violentas. Por ejemplo, entre los 2 y 3 años son habituales los berrinches intensos. Si las personas adultas entienden que forman parte del desarrollo normal, podrán gestionarlas con mayor calma.

Aquí tenéis un recurso útil con consejos de la Escola de Salut del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona para saber cómo reaccionar ante el berrinche de un niño.

Durante la adolescencia también pueden aparecer conflictos y dificultades de comunicación. Disponer de herramientas para afrontarlos es fundamental.

Además, es necesario identificar situaciones de vulnerabilidad, como la presencia de trastornos por consumo de tóxicos en el entorno familiar, que aumentan el riesgo de violencia. En estos casos, los equipos de salud deben activar el apoyo necesario para prevenir el maltrato.

Detección de indicadores

Más allá de la prevención, es fundamental estar alerta ante posibles indicios de que la violencia ya se está produciendo. La detección precoz permite intervenir antes de que la situación empeore (evitar que se repita o sea más grave).

Durante las visitas médicas, los equipos profesionales deben ser proactivos en la identificación de signos que hagan sospechar maltrato. Estos signos sugestivos de violencia son lo que llamamos indicadores. Los indicadores pueden ser físicos (hematomas, fracturas, infecciones de transmisión sexual...) o conductuales (alteraciones en el comportamiento del niño o la familia, signos de negligencia, verbalizaciones espontáneas de los niños o adolescentes...).

Existen protocolos sanitarios que recogen estos indicadores, como el del Ministerio de Sanidad y que incluye la herramienta TEN-4-FACES desarrollada por la Dra. Mary Clyde Pierce, muy útil para identificar signos de maltrato físico en niños pequeños.

La evaluación clínica y diagnóstico

Cuando se detecta un posible caso de maltrato, es necesario realizar una valoración clínica cuidadosa. En algunos casos, las lesiones son evidentes y el diagnóstico está claro; en otras, la situación es más compleja y requiere la intervención de profesionales expertos en violencia o equipos especializados, como los Equipos Funcionales de Expertos en Violencia contra la Infancia (EFEs), activos en Cataluña desde 2020.

En casos de sospecha de maltrato físico, es importante realizar un estudio ampliado para detectar lesiones adicionales que puedan ser características de maltrato y que hayan quedado ocultas. Esta información es clave tanto para aplicar el tratamiento adecuado como para informar a los sistemas de protección y judiciales.

También es esencial realizar un buen diagnóstico diferencial para evitar confundir una enfermedad con una agresión. Por ejemplo, unos hematomas causados ​​por un trastorno de la coagulación pueden parecer signos de maltrato. Confundir una patología con un maltrato puede ser devastador por el impacto en la familia y el niño. Implica además un retraso en el conocimiento de la causa real de las lesiones y puede poner en riesgo la salud de este niño.

Finalmente, es necesario valorar las posibles secuelas físicas y psicológicas para poder intervenir de manera reparadora y, en su caso, aportar esta información al proceso judicial.

El tratamiento

El tratamiento debe incluir la atención a lesiones o enfermedades derivadas de la violencia vivida (inmovilización de fracturas, drenaje de hematomas a nivel de sistema nervioso central, tratamiento de infecciones de transmisión sexual en casos de violencia sexual...).

En otras ocasiones, los tratamientos se indican para evitar que se produzcan estas enfermedades. Por ejemplo, en una agresión sexual aguda se administran antibióticos que evitan la infección en caso de que la persona agresora fuera portadora de infecciones. Otras veces reforzaremos vacunaciones si se encuentra indicado, o deberemos hacer terapia para reducir síntomas acompañados, como por ejemplo el insomnio.

También es fundamental el tratamiento de la salud mental. Si se detecta un trastorno de estrés postraumático, es necesario aplicar tratamientos basados ​​en la evidencia.

En algunos casos, los niños pueden desarrollar conductas de riesgo como consecuencia de la violencia vivida. Esto puede requerir intervenciones específicas, como tratamientos de deshabituación de tóxicos o prescripción de diferentes tipos de anticoncepción.

Barnahus

El paso de los niños por el proceso judicial

Comunicación y trabajo en red

Cuando se detecta una situación de riesgo, es imprescindible comunicarlo a los servicios de protección y, en su caso, al sistema judicial. Esa comunicación no es opcional: es una obligación legal y ética.

El trabajo en red con los servicios sociales, cuerpos de seguridad, sistema judicial y otros profesionales es esencial para garantizar la protección de los niños. Todos los agentes implicados deben poner el interés superior del niño en el centro y colaborar para establecer un plan de intervención eficaz.

Las leyes actuales, como la Ley orgánica 8/2021 y la Ley 14/2010, obligan a cualquier persona —y especialmente a los profesionales de la salud— a comunicar cualquier sospecha de violencia, aunque no haya confirmación.